Este año celebraremos los 200 años de la declaración de nuestra independencia. A pesar de los años transcurridos, aún somos un país que sobrevive entre crisis económicas y la inestabilidad política que generan nuestros gobernantes. En estos 200 años no hemos tenido al menos un presidente que vele por el bienestar real de los peruanos y peruanas, que ponga en agenda el reclamo de los grupos vulnerados, como los agricultores y las comunidades campesinas; el reclamo de igualdad de las mujeres y el reclamo de derechos de la comunidad LGTBIQ+. En su lugar hemos tenido caudillos asociados a ideales de determinadas élites, partidos políticos con discursos democráticos que usaron a los movimientos sociales para ingresar al poder y presidentes que cambiaron su discurso al tomar el poder (Colter, 2019). Además, en las últimas décadas, desde la promulgación de la Constitución de 1993, todos los presidentes -a excepción de Valentín Paniagua- han sido investigados por corrupción, demostrando la crisis moral y de valores de nuestra sociedad.

El Perú del 2021 es un país que llora a sus más de 54,411 fallecidos a causa de una pandemia que nos ha encontrado con un sistema de salud ineficiente (MINSA, 2021) y un crecimiento económico que no se tradujo en desarrollo. A pesar de que las cifras macroeconómicas nos muestran que un gran porcentaje de los peruanos salió de la pobreza y pobreza extrema durante el período de bonanza económica, autores como Trivelli y Urrutia (2018) mencionan que aún existe un alto porcentaje de grupos excluidos en las áreas consideradas como rurales que viven en condiciones inaceptables de pobreza y pobreza extrema. De acuerdo al INEI (2020) para el 2019 alrededor del 20% de la población estaba en situación de pobreza monetaria, según estimaciones de UNICEF (2020), este porcentaje aumentaría hasta 30%. Sin lugar a dudas, esta problemática socioeconómica debe ser un eje de trabajo del siguiente gobierno.

En cuanto al desarrollo de nuestras ciudades, a lo largo de estos 200 años, ha sido la población la que ha liderado el crecimiento de las mismas a falta de un Estado que asegure un desarrollo urbano adecuado al contexto geográfico y sobre todo al contexto cultural. Miles de migrantes han llegado a la capital en busca de un mejor porvenir porque en sus lugares de origen no encontraron oportunidades de desarrollo. En este contexto, la brecha de acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables se ha incrementado. Su única alternativa de acceso ha sido por la vía informal y/o ilegal, siendo los traficantes de terrenos los que más han ganado en este proceso, a costa de las familias necesitadas de vivienda. El Estado y el sector privado han hecho caso omiso a esta problemática y solo han promovido el acceso a la vivienda para los sectores medios y altos. Además, las discusiones sobre el acceso a la vivienda han estado concentradas en la propiedad privada, olvidando que hay todo un mercado de alquileres que precariza las condiciones de habitabilidad. Un ejemplo es la situación de las familias inquilinas en las áreas urbanas degradadas, como es el caso de los barrios históricos de Lima, donde se han ejecutado escasos programas integrales para su mejora.

Estos problemas son el resultado del ineficiente proceso de planificación urbana del Estado, que no solo se limita al desarrollo de planes urbanos desfasados de la realidad peruana, sino a la limitación de su implementación y a la poca o casi nula participación efectiva de la población. Se sigue apostando por una planificación urbana tradicional que impone el supuesto conocimiento técnico sobre las demandas y saberes de la población. Es el año del bicentenario y no tenemos un plan nacional de vivienda, menos un marco normativo que asegure la regulación del suelo y ponga freno a la especulación del mercado de suelo legal e ilegal. Las discusiones en torno al derecho a la vivienda se realizan en la academia, pero no en la esfera política, una brecha que con los futuros gobiernos debería acabar, para que se pueda generar soluciones adecuadas a nuestra realidad

El panorama político para los próximos cinco años es incierto, pues el gobierno de turno tendrá que lidiar con los estragos de la pandemia, pero al mismo tiempo hacerse cargo de los problemas sociales que venimos acarreando hace 200 años. Por eso, ante la necesidad de cambios estructurales que impacten positivamente en la vida de todas y todos, las y los investigadores de URBES LAB hacemos un llamado al voto informado para las elecciones del 2021. El voto informado consiste, no solo revisar los planes de gobierno de los candidatos y candidatas, sino también analizar los discursos y la trayectoria de los mismos en temas como políticas públicas para superar la pobreza, planificación urbana y territorial, vivienda y desigualdades socioecológicas. En este ejercicio, debemos descartar intenciones de continuar con fórmulas caducas que no han funcionado para nuestro país, descartar intenciones de mercantilizar la vivienda y no verla como un derecho, descartar intenciones populistas, punitivas y ajenas a nuestra realidad. Pero sobre todo descartar a candidatos que no coloquen el bienestar de la mayoría de personas en el centro de sus propuestas.

Está en las manos de todas y todos construir el futuro que soñamos para nuestro país.

Lima, 09 de abril del 2021