En 1961, el Estado peruano promulgó la Ley Nº 13517, Ley de Barrios Urbanos Marginales, una normativa pionera en la región, pues no solo se reconocía por primera vez la urbanización auto-producida, sino que el Estado se iba a encargar de la mejora y habilitación de estos espacios urbanos. Si bien los objetivos de la Ley estaban enmarcados en el ámbito legal, también se especificaba un saneamiento físico, pero en la práctica debido a los altos costos de la habilitación urbana, el Estado decidió encargarse solo de la entrega de títulos de propiedad del suelo invadido, lo demás debía ser responsabilidad de la población. Desde entonces, el modo común de producir espacio urbano en el Perú, y en específico en Lima Metropolitana y el Callao es a través de la invasión de terrenos, esperando la amnistía estatal para que puedan obtener el título de propiedad. Históricamente, el Estado peruano no se ha hecho cargo del problema del acceso a la vivienda, ni de la habilitación urbana de los barrios populares. Los esfuerzos de planificación urbana se han concentrado solo en las áreas urbanas consolidadas, lo que ha generado un desarrollo altamente desigual.
