Autora: Diana Torres Obregón. Investigadora del Centro de Investigación en Teoría Urbana y Territorial – Urbes Lab
La idea de que los datos “hablan por sí solos” ha sido una de las frases más repetidas –y más peligrosas– en los debates sobre desarrollo urbano. “Necesitamos más datos”, afirmación aparentemente neutral, se reproduce como sentido común entre tomadores de decisiones, organismos internacionales y equipos técnicos, como si la sola acumulación de cifras pudiera conducir a ciudades más justas. A menudo, se insiste en la necesidad de generar más información para planificar mejor nuestras ciudades, y aunque esto puede sonar como una verdad inapelable, en realidad oculta una dimensión fundamental: los datos no son neutros. Detrás de cada número hay decisiones políticas, epistemológicas y metodológicas que condicionan lo que se mide, cómo se mide y para qué fines se difunde, que muchas veces responde a estructuras de poder solapadas.
En el Perú, esta situación se agrava. Los escasos datos disponibles sobre procesos urbanos –desde la expansión de los asentamientos hasta el acceso a servicios básicos– son frecuentemente desactualizados, inconexos o generados bajo lógicas extractivas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los estudios encargados por gobiernos locales o por organismos internacionales responden más a los intereses de sus financiadores que a una genuina búsqueda de entender las realidades urbanas de forma crítica y situada. Por ejemplo, en lugar de preguntarse cómo viven quienes autoconstruyen sus viviendas en la periferia, se opta por clasificar esas dinámicas como “informales”, como un problema a erradicar, sin detenerse a comprender sus causas ni potencialidades.
Lo que está en juego aquí no es menor. Los datos se han convertido en el nuevo terreno de disputa de la planificación urbana: lo que no se mide, no existe; lo que se visibiliza puede ser regulado, promovido o criminalizado. Por eso es urgente que dejemos de pensar en los datos como simples herramientas “técnicas” y empecemos a discutir su dimensión política. Este problema cobra especial relevancia en contextos como el peruano, donde la producción de información urbana ha estado marcada históricamente por carencias técnicas, pero también por disputas políticas.
En los últimos años, dos estudios han circulado profusamente en medios de comunicación, eventos técnicos y foros de política pública: Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú (Espinoza y Fort, 2020) y Cuantificación y caracterización de la autoconstrucción en el Perú (Espinoza y Fort, 2022). Ambos se presentan como investigaciones rigurosas basadas en datos oficiales, pero adolecen de una serie de debilidades metodológicas y éticas que urge poner en discusión. Para empezar, la fuente de financiamiento de estos estudios es ADI Perú, gremio que agrupa a los principales promotores inmobiliarios del país. Esta condición no es menor. En cualquier investigación, especialmente en aquellas que se presentan como insumos técnicos para políticas públicas, es indispensable declarar el origen del financiamiento, los posibles conflictos de interés y los objetivos detrás del encargo. No es casual que las principales conclusiones de ambos estudios refuercen los intereses del gremio inmobiliario: se afirma, por ejemplo, que el 93% del suelo urbano creado en el país entre 2001 y 2018 fue informal, o que la autoconstrucción en Lima y Callao representa el 71% del total de viviendas, siendo un 33% más cara que la construcción formal. Estas cifras, sin ser necesariamente falsas, están construidas con categorías ambiguas y metodologías poco claras.
La interpretación de estos datos tampoco es inocente. En el estudio sobre autoconstrucción, por ejemplo, se concluye que este proceso es más lento y más costoso que la construcción formal, y que en el 94% de los casos no interviene ningún profesional técnico. Esta conclusión se presenta como un diagnóstico de ineficiencia, que justificaría la necesidad de mayor formalización o intervención empresarial. Pero omite deliberadamente las razones estructurales por las cuales las familias optan por autoconstruir: inseguridad social, trabajo precario, ausencia de oferta formal asequible y desconfianza en los programas estatales. Más que una elección irracional, la autoconstrucción es una estrategia de supervivencia y al no reconocer estas dinámicas, el informe cae en una lectura tecnocrática, que termina estigamtizando los modos de habitar de la mayoría de la población.
Esta situación ejemplifica que el problema va más allá de los técnico; es, sobre todo, político. Como han advertido Fawaz et al. (2025), en tiempos de crisis globales y desigualdades urbanas crecientes, las y los investigadores estamos llamados no solo a producir conocimiento riguroso, sino a visibilizar las estructuras que generan injusticia. Esto implica revisar críticamente las metodologías que usamos, los marcos teóricos que elegimos y los lugares desde donde hablamos. En otras palabras, implica asumir una posición: declarar nuestras intenciones, nuestros financiamientos, nuestras alianzas.
En este sentido, la transparencia en la producción de datos es una condición básica de la ética académica. Pero más allá de eso, es una forma de reconocer que todo conocimiento es situado. No es lo mismo mapear el acceso al agua potable en Lima desde una oficina en San Isidro, que hacerlo caminando los cerros de San Juan de Lurigancho o dialogando con quienes viven sin conexión a la red pública. La experiencia vivida importa, así como importa desde qué marco interpretativo se construyen las preguntas y se interpretan las respuestas.
Esta crítica no pretende negar la importancia de contar con información confiable para la planificación urbana. Por el contrario, lo que se plantea es la necesidad de producir datos desde una ética distinta: una que reconozca que el conocimiento no es neutro ni universal, sino situado, parcial y conflictivo. Ello implica comprometerse con metodologías reflexivas, con diálogos interdisciplinares y, sobre todo, con procesos de investigación que incluyan a quienes habitan y transforman las ciudades cotidianamente. Necesitamos una nueva ética de producción de conocimiento urbano en el Perú, que priorice la transparencia, la reflexividad metodológica y la construcción colectiva del saber. Esto incluye reconocer los límites de nuestros instrumentos técnicos y estadísticos, pero también abrir espacio a formas de conocimiento no hegemónicas: testimonios, memorias barriales, mapas colaborativos, saberes populares. Si queremos planificar ciudades más justas, necesitamos datos que no solo describan, sino que interpelen; que no solo midan, sino que también incomoden. Solo así los datos dejarán de ser dispositivos de control y se convertirán en herramientas de emancipación.
La ciudad no es un objeto neutral. Los datos tampoco deberían serlo.
Referencias
Espinoza, A. & Fort, R. (2020). Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú. GRADE – ADI Perú. https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/EspinozaFort_GRADEADI_expansionurbana.pdf
Espinoza, A. & Fort, R. (2022). Caracterización y cuantificación del proceso de autoconstrucción de viviendas en el Perú. https://grade.org.pe/proyectos/caracterizacion-y-cuantificacion-del-proceso-de-autoconstruccion-de-viviendas-en-el-peru/
Fawaz, M., Marques, E., Theodore, N. & Weinstein, L. (2025). Reflections on Critical Urban Studies in Perilous Times. International Journal of Urban and Regional Research, 49(3). https://doi.org/10.1111/1468-2427.13357
excelente articulo de aproximación mas exhaustica a la realidad, felicitaciones.